Los cortes de electricidad que afectaron en
Diciembre la Capital y el Conurbano no sólo perjudicaron a los vecinos, sino
también a los comercios de dichas zonas, que se vieron obligados a cerrar o
tirar la mercadería.
Las entidades que nuclean a las pequeñas y
medianas empresas expresaron que las perdidas fueron millonarias. El
principal reclamo de los directivos de estas entidades fue el de previsibilidad
por parte de las autoridades nacionales, las cuales deberían haber previsto el
colapso energético dado las condiciones de falta de inversión que existe en el
área desde hace tiempo.
Por ese motivo, comenzó a gestionarse una
catarata de acciones legales no sólo contra las eléctricas, principales
responsables del colapso energético, sino contra el mismo gobierno, al que
cuestionan por no haber previsto el exceso de demanda que desató la ola de
calor.
Sorpresivamente, mientras se estaban
produciendo los cortes de energía eléctrica, la Cámara de Diputados aprobó la
ley de Responsabilidad del Estado, que lo excluye de responder por “perjuicios
ocasionados por concesionarios o contratistas de servicios públicos”.
Por su parte, las entidades que nuclean a
Pymes, salieron a pedir la intervención de Edenor y Edesur, por una pérdida en
torno a los 500 millones de pesos en alimentos perecederos.
A eso hubo que sumarle aquellos negocios de
servicios que debieron cerrar durante las horas que estuvieron sin luz, o
aquellos que al apagar los aires acondicionados alejaron al público; o bien los
comercios que sufrieron roturas de equipos eléctricos por los cortes bruscos de
energía.
Según algunos cálculos "cerca de 50
mil comercios y 500 mil vecinos fueron afectados por la falta de luz" lo
que incentivó a demandar judicialmente a los responsables por los daños y
perjuicios ocasionados.
De acuerdo a estimaciones realizadas por
sectores relacionados al rubro, al menos 1 de cada 4 comercios de la Ciudad de
Buenos Aires se vio afectado por los repetidos cortes de luz durante el mes de
Diciembre último.
Una vez más, el caos reinó producto de la
desidia, inoperancia, y falta de previsión de empresarios y autoridades
gubernamentales. Siendo la ciudadanía, como es costumbre, quien debió pagar el
precio de los cortes sin haber tenido ninguna responsabilidad en el tema.
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